La organización SOS Racismo hace todos los años un
pormenorizado informe sobre las injusticias que se comenten en materia
de xenofobia, discriminación e intolerancia en España. El repaso a 2012,
que se ha presentado el jueves, incluye episodios nefastos en cuanto a
derechos humanos ocurridos ese año, como el naufragio de una patera en
aguas de Lanzarote al ser embestida por una patrullera de la Guardia
Civil o la puesta en marcha del Real Decreto que deja sin sanidad
gratuita a los inmigrantes sin papeles.
Pero al
margen de los casos concretos, SOS Racismo también denuncia que, con la
excusa de la crisis, la política migratoria dedicada a la integración ha
sufrido una “grave parálisis”. Así, los instrumentos que años
anteriores habían sido aprobados para la integración de la población
inmigrante se han quedado sin fondos. Por ejemplo, el Plan Estratégico
de Ciudadanía e Integración, programado de 2011 a 2014 o la Estrategia
Integral contra el Racismo, que se encuentran paralizados, o el Fondo de
apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes que se quedó sin
presupuesto en 2012.
Respecto al fenómeno migratorio,
las cifras que maneja SOS Racismo señalan que por tercer año
consecutivo ha vuelto a aumentar el número de personas muertas o
desaparecidas cuando intentaban llegar a España. “Hemos pasado de los
131 muertos o desaparecidos en 2010, a 198 en 2011, alcanzando los 225
en 2013”, señala el informe.
Todo esto, en un
contexto de tendencia descendente en el saldo de población. El número de
extranjeros bajó un 2,3% respecto a 2011 hasta los 5,1 millones.
Durante 2012 España registró un saldo migratorio negativo de 162.390
personas. Para los inmigrantes sin papeles, llegó la aprobación del Real
Decreto-Ley 16/2012 y su expulsión de la sanidad pública y gratuita.
"Un año después, la situación de la sanidad referida al colectivo
inmigrante viene caracterizada por una absoluta dispersión en función de
las medidas adoptadas en cada comunidad autónoma", señala el informe.
Así, en Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Ceuta y
Melilla, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia aplican el real decreto en
toda su extensión. Cinco (Aragón, Cataluña, Canarias, Galicia y País
Vasco) no lo aplican pero fijan periodos previos de estancia de
empadronamiento y, por último, en Andalucía, Asturias y Navarra no lo
aplican y no hay plazos de empadronamiento.
"La
alternativa que ha ofrecido el Gobierno estatal a través de unos
convenios especiales no parece que vaya a cubrir todos los casos de
desatención por su coste y porque, al igual que algunas comunidades
autónomas, supedita el acceso a la salud al cumplimiento de un plazo de
empadronamiento previo de un año", señalan desde SOS Racismo.
Esta organización lleva realizando estos informes desde 1995, y una
parte importante de él consiste en el análisis de una muestra de las
denuncias totales que llegan a sus delegaciones. En este caso, la
organización ha recogido 108 casos, de los que el 23% se refieren a
abusos policiales. Pero de estas denuncias sólo una pequeña cantidad
termina en los juzgados y un porcentaje muy bajo obtiene una sentencia
favorable. El informe además hace incidencia en una de las críticas
clásicas que recibe el tratamiento penal hacia los delitos de odio; y es
que no hay estadística oficial sobre cuántos se producen.
En este nuevo número hemos querido abordar las dos
líneas de trabajo de nuestra entidad, las migraciones e
interculturalidad con el turismo.
