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La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó ayer una
declaración institucional por la que la Cámara foral rechaza el cobro
por los servicios sanitarios a los inmigrantes en situación irregular,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialistas de Navarra.
pamplona. La iniciativa no tiene carácter vinculante por lo que
sería necesario promover una proposición de ley para que el Gobierno
foral rectificara entorno a la medida anunciada por el departamento de
Salud, pero sin reglamentar, sobre cómo restringir esta atención y que
pretende cubrir la atención de los sin papeles en determinados casos y a
cargo de Política Social. Votaron a favor de los puntos 1 y 3 de la
declaración parlamentaria los representantes de los grupos PSN, NaBai, Bildu e I-E, y lo hicieron en contra los representantes de los grupos UPN
y PP. El punto 2 se aprobó por unanimidad. La declaración dice en su
punto primero que el Parlamento foral rechaza el cobro por los servicios
sanitarios a los inmigrantes en situación irregular que residan en la
Comunidad Foral y en su punto segundo, manifiesta su voluntad de
trabajar en defensa del mantenimiento del actual sistema de Salud
salvaguardando los principios básicos de universalidad, equidad,
gratuidad y calidad. En el tercer punto la Cámara manifiesta la “firme”
decisión de defender las competencias de la Comunidad Foral e insta al
Gobierno de Navarra a que no aplique este “nuevo recorte con el que el
PP pretende expulsar a los inmigrantes irregulares de nuestra sanidad
pública ya que tenemos capacidad de autogobierno para no aplicarla”.
Por otro lado, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento foral
se dieron ayer por enteradas del dictamen del Consejo de Navarra sobre
el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de medidas
urgentes en el ámbito sanitario, que concluye que no se vulneran las
competencias de Navarra en esta materia.
Fue el pleno del Parlamento de Navarra el que aprobó el pasado 28 de
junio la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el
Real Decreto-Ley 16/2012 que fue admitido por el Tribunal Constitucional
el 16 de julio. En ese sentido, la Mesa y la Junta de Portavoces se
dieron por enteradas de la admisión a trámite de este recurso y del
presentado contra el Real Decreto en el ámbito educativo.
colegio médicos Por otra parte, los presidentes de los 52 colegios
de médicos del país, incluyendo el de Navarra, han suscrito una
declaración en la que piden que se respete el deber deontológico del
médico de atender a todos los pacientes. En relación a los inmigrantes
irregulares destacan que “el médico, en todo momento, debe atender a
todos, independientemente de su situación legal”. Alertan de que la
retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares podría
generar una “distorsión asistencial que, sin duda, va a repercutir en
el resto de la población, especialmente en los servicios de urgencia”.
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